En el contexto de la actual crisis, llevamos años soportando la utilización del término “reforma” o “reformas estructurales” como una supuesta necesidad ineludible para solucionar la misma. Sin embargo, llevamos décadas viendo como todas las reformas laborales y de pensiones han ido en la misma dirección: recortar nuestros derechos para asegurar sus beneficios.
De hecho, las continuas reformas del sistema público de pensiones siempre se han orientado en dos direcciones:
a) Retraso de la edad de jubilación obligatoriamente.
b) Endurecimiento de las condiciones para acceder a ella, por ejemplo, rebajando sus cuantías.
Un problema añadido lo encontramos en que estas reformas, además de no llevar contrapartidas (lo cual tampoco justificarían su necesidad) se aprueban alegando un sacrificio temporal, pero ningún retroceso social es derogado una vez se supera la crisis y vuelve el crecimiento económico. En todo caso lo que ocurre es que a un ataque le sucede en el tiempo otro aún mayor.
En la actualidad nos encontramos ante otra reforma de las pensiones. No es la primera que realiza un gobierno del PSOE. La primera de calado se vivió en 1985, cuando el entonces gobierno de Felipe González endureció las condiciones para el cobro de las pensiones, reduciendo su cuantía: se obligaba a cotizar 15 años frente a los 8 exigidos hasta ese momento, además de modificar el sistema de cálculo. Esta reforma se enfrentó a una huelga general, la del 20 de junio de 1985, convocada por CCOO y CNT.
Una vez más nos encontramos con otro detalle que parece nuevo pero también tiene precedentes: A principios de los años 90 los gobiernos de Felipe González nos amenazaron con que el sistema público de pensiones no era viable y que la seguridad social quebraría en el año 2000. Pero después nos encontramos con que ese año la Seguridad Social tuvo superávit. Incluso a día de hoy la Seguridad Social goza de superávit y posee un multimillonario fondo de reserva. Aun así nos alertan de que es ineludible una reforma del sistema de pensiones y que lo mejor que podemos hacer es asegurar nuestro futuro de manera privada e individual (haciendo otro guiño a la banca).
Desde hace dos décadas hemos asistido a un deterioro y desprestigio premeditado de las pensiones públicas por parte del gran capital y de los gobiernos del PSOE y PP. La campaña desde los años 90 se ha basado en propagar el pánico y la inseguridad hacia la viabilidad de las pensiones publicas para hacer lo mas atractivo posible los planes de pensiones privados.
Es la misma estrategia que se aplica a la sanidad, la educación o las residencias de mayores públicas: deteriorar conscientemente los servicios públicos mientras se desvía constantemente dinero de todos a concesiones privadas para potenciar el negocio en las necesidades sociales básicas y ampliar el mercado a ellas.
Todo se orienta al beneficio privado, incluso a costa de los pilares más básicos de una sociedad moderna.
El principal agente beneficiado e impulsor de este tema es la banca. La banca privada necesita ampliar su campo de operaciones y ha presionado duramente en la dirección de fomentar los planes de pensiones privados. Sus publicaciones e informes oficiales son los que llevan anunciando desde los 90 el colapso de la Seguridad Social.
Lo que nunca se cuenta es que las empresas apuestan por planes privados de renta variable, de los cuales luego intentan desvincularse. De hecho, algunas quiebras en materia de pensiones pueden ser lucrativas para empresarios y banqueros, pero ruinosas para trabajadores que hayan invertido buena parte de sus salario durante toda su vida. Podemos citar muchos casos, como el caso Maxwell, un magnate de la prensa británica, que en 1995 robó 400 millones de libras de los fondos de pensiones financiados por las empresas de las que era dueño. Es decir, que se producen conscientemente bancarrotas empresariales para deshacerse de las obligaciones contraídas en materia de pensiones.
CONTENIDO
Los principales contenido de la actual reforma del sistema de pensiones han partido de las presiones internacionales de organismos como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea o la OCDE, que han llegado a afirmar que se debería alargar la edad de jubilación hasta los 70 años y ampliar lo máximo posible el periodo de cómputo para reducir la cuantía.
El colmo del despropósito fue la firma del acuerdo por las direcciones sindicales de CCOO y UGT.
La actual reforma se vende aludiendo a que:
“El sistema público de pensiones es inviable debido al envejecimiento de la población”.
– A pesar de que el envejecimiento de la población es producto del aumento de la esperanza de vida.
– Pero a la vez que aumenta la esperanza de vida también aumenta el PIB y por tanto los recursos para financiar las necesidades sociales.
– A pesar de que España es el país de la UE-15 que menos gasta en pensiones y donde más bajas son.
– A pesar de que no se invierte en el sistema público mediante ingresos fiscales, a diferencia de lo que ocurre en otros países de Europa.
– A pesar de que pese al aumento de la población activa, al haberse fomentado un marco laboral de precariedad y que sufre un alto desempleo, éste ha mermado las cotizaciones sociales que se aportan al sistema.
Retraso obligatorio de la edad de jubilación de 65 a 67 años.
– Esta medida significaría 500.000 puestos de trabajo menos disponibles.
Aumento del cálculo de la pensión de 15 a 20 años.
– Esta medida supone una reducción de la pensión desde el 3% y hasta el 20%.
Aumento de 35 a 38,5 de los años exigidos para tener un 100% de pensión.
– Esta medida supone eliminar a una parte sustancial de trabajadores de la obtención de pensiones dignas cuando la incorporación al mercado laboral cada vez es más tardía.
Por si esto fuera poco, se congelan la mayor parte de las pensiones durante este año 2011.
– Esto hace que una parte de la población pierda poder adquisitivo, al no actualizarse su pensión a la subida de los precios (inflación).
El objetivo está claro: No están satisfechos de haber conseguido que España sea uno de los países europeos con mayor número de centros educativos y sanitarios privados, también quieren liderar el ranking de planes de pensiones privados.
